SIGLO XX.
La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México como un autócrata desde 1876 hasta 1911, exceptuando el periodo de 1880 a 1884, cuando nominalmente el poder estuvo en manos de uno de sus colaboradores. Bajo este periodo, conocido como porfiriato, se dieron importantes avances en el desarrollo económico y comercial: nuevas plantas industriales, extensión de las vías de ferrocarril, obras públicas, mejoramiento de puertos y construcción de edificios públicos. Muchas de las nuevas empresas fueron financiadas y manejadas por extranjeros, ya que otorgó concesiones al capital francés, estadounidense e inglés que llegó a acaparar casi la totalidad de la minería, el petróleo y los ferrocarriles, entre otros sectores, sin permitir que los trabajadores mexicanos ocuparan puestos de responsabilidad. Esto contribuyó al descontento de las clases desfavorecidas que, ahogadas en deudas, soportaban malos tratos, despidos injustificados, largas jornadas de trabajo y explotación.
Además, Porfirio Díaz favoreció a los ricos terratenientes de los grandes estados, incrementando sus propiedades por medio de la asignación de terrenos comunales que pertenecían a los indígenas que quedaron en precarias condiciones, trabajando como peones en los latifundios. El dictador desatendió la educación popular y favoreció a la Iglesia, prestando poca atención a la política de secularización de 1859. El descontento y el espíritu de rebelión se extendieron por todo el país, con brotes que fueron reprimidos violentamente, como los de los indígenas yaquis y mayos, despojados de sus tierras, y las huelgas de 1906 y 1907 de los obreros de Río Blanco y Cananea.
En 1908, enterado de ese descontento, Díaz anunció que recibiría con gusto un candidato opositor para las elecciones de 1910, a fin de demostrar su respeto por la democracia. El candidato propuesto por el grupo liberal fue Francisco Ignacio Madero. La influencia de Madero aumentó y, a pesar de que estuvo un tiempo encarcelado, el dirigente liberal se volvió cada vez más activo. Después de que Díaz fuera reelegido en 1910, Madero fue reconocido como el líder de la revolución popular. Díaz fue obligado a renunciar en 1911 e inmediatamente después abandonó México.
La Revolución. Madero fue elegido presidente en 1911, pero no fue lo suficientemente enérgico para terminar la contienda política y militar. Otros líderes rebeldes, particularmente Emiliano Zapata y Francisco Villa, se negaron a someterse a la autoridad presidencial, y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le retiró su apoyo cuando vio que no era posible la negociación, optando por respaldar a sus opositores. Victoriano Huerta, jefe del ejército de Madero, conspiró con los líderes rebeldes y en 1913 se apoderó del control de la capital. Huerta se convirtió en dictador y, cuatro días después de asumir el poder, Madero fue asesinado.
Comenzaron nuevas rebeliones armadas bajo los mandos de Zapata, Villa y Venustiano Carranza, y Huerta renunció en 1914. Carranza tomó el poder ese mismo año y Villa al momento le declaró la guerra. Además de las ambiciones de los líderes militares rivales, se sumó a la confusión la intervención de algunos gobiernos extranjeros velando por la protección de los intereses de sus nacionales. En 1915 una comisión representada por ocho países de América Latina y Estados Unidos reconoció a Carranza como la autoridad legal en México. Los líderes rebeldes, con excepción de Villa, depusieron las armas. Éste perdió la ayuda del gobierno de Estados Unidos, que le suspendió el envío de armas. En respuesta, Villa asesinó a 16 estadounidenses en 1916 e invadió Columbus, Nuevo México, donde dio muerte a otra decena de personas. Como resultado fue enviada una expedición compuesta por un cuerpo del ejército bajo el mando del general John Joseph Pershing, pero fueron rechazados por las tropas de Carranza, también hostil hacia Estados Unidos. Villa siguió creando inestabilidad en el campo mexicano hasta 1920 y en julio de 1923 fue asesinado.
La nueva Constitución de 1917 propició la formulación de un código laboral, prohibió la reelección presidencial, expropió las propiedades de las órdenes religiosas y restableció los terrenos comunales a los indígenas. Muchas de las condiciones de la negociación para el bienestar social y laboral fueron muy avanzadas y radicales para su época. Algunas de las más drásticas estaban encaminadas a frenar la injerencia extranjera en las propiedades mineras y de la tierra.
Carranza fue elegido presidente constitucional en 1917, pero el malestar continuaba. A pesar de que no había puesto en vigor muchos de los preceptos constitucionales, disgustó a las compañías petroleras extranjeras debido a la nueva reglamentación, según la cual el petróleo era un recurso nacional inalienable, y a la imposición de un gravamen a los territorios y contratos petroleros anteriores al 1 de mayo de 1917. En 1920, tres de los principales generales, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, se rebelaron contra Carranza, quien fue asesinado, y Obregón fue elegido presidente. Véase Revolución Mexicana.
En 1923, cuando Obregón aceptó discutir y ajustarse a las demandas de las compañías petroleras estadounidenses, fue reconocido por el gobierno de este país. A finales de ese mismo año, Estados Unidos apoyó al régimen de Obregón durante una rebelión provocada por Huerta. En 1924 Calles fue elegido presidente y comenzó a aplicar reformas constitucionales, especialmente en materia agraria; también rehabilitó las finanzas mexicanas, instituyó un programa de educación y arregló con éxito las disputas con las compañías petroleras extranjeras. Al llevar a cabo reformas religiosas, Calles provocó una gran oposición. La Iglesia se negó a reconocer las condiciones de la secularización y las relaciones entre la Iglesia y el Estado se volvieron muy tensas hasta que desembocaron en la llamada Guerra Cristera (1926-1929), lucha en la cual, con métodos de guerrilla, los cristeros, defensores de las instituciones religiosas, atacaron pueblos, haciendas, ferrocarriles y escuelas laicas.
Obregón fue reelegido presidente en 1928, pero fue asesinado meses más tarde por un fanático religioso. La presidencia provisional fue concedida por el Congreso a Emilio Portes Gil. No obstante, la influencia de Calles permanecía como principal fuerza política. Abelardo Rodríguez, socio de Calles, ocupó la presidencia de forma provisional en 1932. Ese mismo año, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el partido del gobierno, proyectó un programa de seis años para un “sistema económico cooperativo tendente hacia el socialismo”, incluyendo una ley laboral, obras públicas, repartición de la tierra y el embargo de los terrenos petroleros de posesión extranjera.
El programa del PNR fue puesto en marcha en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas como presidente. Cárdenas hizo hincapié en las reformas agrarias, el bienestar social y la educación. En 1936 fue aprobada una ley de expropiación que permitía al gobierno expropiar la propiedad privada siempre que fuera necesario para el bienestar público y social. La empresa de ferrocarriles de México se nacionalizó en 1937, así como los derechos sobre el subsuelo de las compañías petroleras. Ese mismo año los trabajadores del petróleo mexicanos fueron a la huelga en demanda de salarios más altos y el acceso a los cargos de responsabilidad en las empresas.
En 1938, después de una decisión de la Suprema Corte que había prestado atención a sus reclamaciones, el gobierno mexicano expropió todas las propiedades petroleras y creó una agencia gubernamental llamada Petróleos Mexicanos (PEMEX) para administrar la industria nacionalizada. Las expropiaciones afectaron seriamente a la industria petrolera, y fue muy difícil para México vender petróleo en territorio estadounidense, alemán y británico. Posteriormente, México fue obligado a ajustarse a tratos de intercambio comercial con Italia, Alemania y Japón. El comercio de petróleo con estas naciones, sin embargo, duró muy poco a causa de la II Guerra Mundial (1939-1945). Cárdenas apoyó la II República española y, tras la Guerra Civil española, que trajo consigo la instauración del régimen franquista, México acogió como exiliados a aproximadamente 40.000 españoles, favoreciendo así el establecimiento del gobierno republicano español en el exilio.
En 1940, Manuel Ávila Camacho, apoyado por los trabajadores mexicanos, fue elegido presidente. Su política fue más conservadora que la de Cárdenas. La llamada “política de buen vecino” de Estados Unidos influyó positivamente en México. Esta política, que promovía la estrecha cooperación con Estados Unidos en materia comercial y militar, llegó a ser muy significativa en 1941 con la inminente participación de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. México, con varias restricciones, acordó permitir a la Fuerza Aérea estadounidense el uso de sus campos de aviación y también aceptó exportar materiales críticos y estratégicos (principalmente minerales escasos) sólo a países del hemisferio occidental.
La II Guerra Mundial México rompió sus relaciones diplomáticas con Japón el 8 de diciembre de 1941 y, tres días más tarde, con Italia y Alemania. El 22 de mayo de 1942, después del hundimiento de dos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el Congreso mexicano declaró la guerra contra Alemania, Italia y Japón. Quince mil soldados mexicanos combatieron en la II Guerra Mundial, con la muy destacada participación de los 233 pilotos aéreos del Escuadrón 201. En junio de ese año México firmó la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a finales de 1942 se negoció un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos que establecía concesiones arancelarias mutuas. La cooperación militar total entre las dos naciones tuvo efecto en 1943, cuando se acordó que cada país podía alistar en su ejército a los nacionales del otro país que vivieran dentro de sus fronteras. Otros proyectos en tiempo de guerra incluían la creación de una comisión conjunta para la cooperación económica, instituida para encontrar métodos que aliviaran la escasez de alimentos y de materiales estratégicos, y una comisión industrial mexicano-estadounidense orientada a programar la industrialización de México. A cambio, Estados Unidos solicitó mano de obra para cubrir los puestos de los soldados que habían ido a combatir y abrió sus fronteras a 300.000 trabajadores mexicanos. En 1944 México pagó a las compañías petroleras estadounidenses 24 millones de pesos, más unos intereses del 3% por las propiedades petroleras expropiadas en 1938.
México de posguerra. En junio de 1945 México se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Un año después, en 1946, Miguel Alemán Valdés sucedió a Ávila Camacho como presidente, habiendo sido elegido en una plataforma con un programa político cuyos objetivos eran la distribución equitativa de la riqueza, la realización de obras de irrigación extensivas y una mayor industrialización del país. Alemán mantuvo estrechas relaciones con Estados Unidos. En 1947 el Banco de Exportaciones e Importaciones prestó 50 millones de pesos para ser invertidos en obras públicas y de desarrollo industrial. A finales de ese año el gobierno mexicano anunció que las compañías petroleras británicas y alemanas, demandantes de 250 millones de pesos por las propiedades expropiadas, habían aceptado el pago de 21 millones. En 1948 el gobierno, esforzándose por revertir el balance desfavorable del comercio, devaluó el peso. Las importaciones no esenciales para el desarrollo industrial fueron restringidas de manera notable. En marzo de 1949, por primera vez desde las expropiaciones de 1938, se permitió a dos compañías petroleras estadounidenses realizar perforaciones bajo la supervisión de PEMEX. En el mes de junio el gobierno estabilizó el peso con la ayuda de préstamos por parte del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. El 3 de julio de 1949 se celebraron elecciones y el partido del gobierno, conocido ya entonces como Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
En 1950 la situación económica mexicana mejoró considerablemente, a raíz del préstamo de 150 millones de pesos que otorgó el Banco de Exportaciones e Importaciones para la financiación de varios proyectos con el fin de mejorar el transporte, la agricultura y las instalaciones generadoras de energía en el país. Al año siguiente, el problema de los mexicanos que entraban de forma ilegal a Estados Unidos para tratar de obtener un trabajo temporal en el campo, se convirtió en un asunto de gravedad para los dos gobiernos. Los acuerdos oficiales entre México y Estados Unidos dieron como resultado la entrada legal anualmente de un número determinado de trabajadores. Sin embargo, aproximadamente un millón de personas cruzaban de forma ilegal la frontera cada año. El problema se hizo aún más complicado al demandar el gobierno mexicano el respeto a los derechos laborales de los trabajadores emigrados, y el cese de la hostilidad de las organizaciones agrícolas de ese país, que no aceptaban que los mexicanos estuvieran dispuestos a trabajar a cualquier precio. En marzo de 1952 el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley estableciendo el castigo por medio de multas y encarcelamiento a aquellos que contrataran extranjeros que hubieran entrado al país de forma ilegal.
El anterior secretario de Gobernación (ministro del Interior), Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI, fue elegido presidente de México en 1952. Al año siguiente la legislatura ratificó una reforma constitucional extendiendo el derecho al voto a la mujer. En 1958 Ruiz Cortines fue sucedido por Adolfo López Mateos, quien antes había ocupado la secretaría del Trabajo. Revirtiendo una tradición de silencio presidencial en las relaciones con la Iglesia católica, López Mateos declaró que los logros de las metas revolucionarias no deberían encontrar obstáculo alguno en la religión. En 1962 se aprobó una reforma constitucional autorizando al gobierno a promover negocios en los que se compartieran los beneficios con los trabajadores. El descontento campesino se mostró por medio de huelgas de hambre e invasiones ilegales a las grandes propiedades privadas. A principios de 1963 se formó la Central Campesina Independiente para competir con la Confederación Nacional Campesina bajo el dominio del PRI. En el Congreso constitutivo los oradores manifestaron que el país tenía todavía 3 millones de campesinos sin tierra y que 9.600 individuos poseían 80 millones de ha de tierra, de las cuales sólo 20,2 millones eran cultivadas.
La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México como un autócrata desde 1876 hasta 1911, exceptuando el periodo de 1880 a 1884, cuando nominalmente el poder estuvo en manos de uno de sus colaboradores. Bajo este periodo, conocido como porfiriato, se dieron importantes avances en el desarrollo económico y comercial: nuevas plantas industriales, extensión de las vías de ferrocarril, obras públicas, mejoramiento de puertos y construcción de edificios públicos. Muchas de las nuevas empresas fueron financiadas y manejadas por extranjeros, ya que otorgó concesiones al capital francés, estadounidense e inglés que llegó a acaparar casi la totalidad de la minería, el petróleo y los ferrocarriles, entre otros sectores, sin permitir que los trabajadores mexicanos ocuparan puestos de responsabilidad. Esto contribuyó al descontento de las clases desfavorecidas que, ahogadas en deudas, soportaban malos tratos, despidos injustificados, largas jornadas de trabajo y explotación.
Además, Porfirio Díaz favoreció a los ricos terratenientes de los grandes estados, incrementando sus propiedades por medio de la asignación de terrenos comunales que pertenecían a los indígenas que quedaron en precarias condiciones, trabajando como peones en los latifundios. El dictador desatendió la educación popular y favoreció a la Iglesia, prestando poca atención a la política de secularización de 1859. El descontento y el espíritu de rebelión se extendieron por todo el país, con brotes que fueron reprimidos violentamente, como los de los indígenas yaquis y mayos, despojados de sus tierras, y las huelgas de 1906 y 1907 de los obreros de Río Blanco y Cananea.
En 1908, enterado de ese descontento, Díaz anunció que recibiría con gusto un candidato opositor para las elecciones de 1910, a fin de demostrar su respeto por la democracia. El candidato propuesto por el grupo liberal fue Francisco Ignacio Madero. La influencia de Madero aumentó y, a pesar de que estuvo un tiempo encarcelado, el dirigente liberal se volvió cada vez más activo. Después de que Díaz fuera reelegido en 1910, Madero fue reconocido como el líder de la revolución popular. Díaz fue obligado a renunciar en 1911 e inmediatamente después abandonó México.
La Revolución. Madero fue elegido presidente en 1911, pero no fue lo suficientemente enérgico para terminar la contienda política y militar. Otros líderes rebeldes, particularmente Emiliano Zapata y Francisco Villa, se negaron a someterse a la autoridad presidencial, y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le retiró su apoyo cuando vio que no era posible la negociación, optando por respaldar a sus opositores. Victoriano Huerta, jefe del ejército de Madero, conspiró con los líderes rebeldes y en 1913 se apoderó del control de la capital. Huerta se convirtió en dictador y, cuatro días después de asumir el poder, Madero fue asesinado.
Comenzaron nuevas rebeliones armadas bajo los mandos de Zapata, Villa y Venustiano Carranza, y Huerta renunció en 1914. Carranza tomó el poder ese mismo año y Villa al momento le declaró la guerra. Además de las ambiciones de los líderes militares rivales, se sumó a la confusión la intervención de algunos gobiernos extranjeros velando por la protección de los intereses de sus nacionales. En 1915 una comisión representada por ocho países de América Latina y Estados Unidos reconoció a Carranza como la autoridad legal en México. Los líderes rebeldes, con excepción de Villa, depusieron las armas. Éste perdió la ayuda del gobierno de Estados Unidos, que le suspendió el envío de armas. En respuesta, Villa asesinó a 16 estadounidenses en 1916 e invadió Columbus, Nuevo México, donde dio muerte a otra decena de personas. Como resultado fue enviada una expedición compuesta por un cuerpo del ejército bajo el mando del general John Joseph Pershing, pero fueron rechazados por las tropas de Carranza, también hostil hacia Estados Unidos. Villa siguió creando inestabilidad en el campo mexicano hasta 1920 y en julio de 1923 fue asesinado.
La nueva Constitución de 1917 propició la formulación de un código laboral, prohibió la reelección presidencial, expropió las propiedades de las órdenes religiosas y restableció los terrenos comunales a los indígenas. Muchas de las condiciones de la negociación para el bienestar social y laboral fueron muy avanzadas y radicales para su época. Algunas de las más drásticas estaban encaminadas a frenar la injerencia extranjera en las propiedades mineras y de la tierra.
Carranza fue elegido presidente constitucional en 1917, pero el malestar continuaba. A pesar de que no había puesto en vigor muchos de los preceptos constitucionales, disgustó a las compañías petroleras extranjeras debido a la nueva reglamentación, según la cual el petróleo era un recurso nacional inalienable, y a la imposición de un gravamen a los territorios y contratos petroleros anteriores al 1 de mayo de 1917. En 1920, tres de los principales generales, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, se rebelaron contra Carranza, quien fue asesinado, y Obregón fue elegido presidente. Véase Revolución Mexicana.
En 1923, cuando Obregón aceptó discutir y ajustarse a las demandas de las compañías petroleras estadounidenses, fue reconocido por el gobierno de este país. A finales de ese mismo año, Estados Unidos apoyó al régimen de Obregón durante una rebelión provocada por Huerta. En 1924 Calles fue elegido presidente y comenzó a aplicar reformas constitucionales, especialmente en materia agraria; también rehabilitó las finanzas mexicanas, instituyó un programa de educación y arregló con éxito las disputas con las compañías petroleras extranjeras. Al llevar a cabo reformas religiosas, Calles provocó una gran oposición. La Iglesia se negó a reconocer las condiciones de la secularización y las relaciones entre la Iglesia y el Estado se volvieron muy tensas hasta que desembocaron en la llamada Guerra Cristera (1926-1929), lucha en la cual, con métodos de guerrilla, los cristeros, defensores de las instituciones religiosas, atacaron pueblos, haciendas, ferrocarriles y escuelas laicas.
Obregón fue reelegido presidente en 1928, pero fue asesinado meses más tarde por un fanático religioso. La presidencia provisional fue concedida por el Congreso a Emilio Portes Gil. No obstante, la influencia de Calles permanecía como principal fuerza política. Abelardo Rodríguez, socio de Calles, ocupó la presidencia de forma provisional en 1932. Ese mismo año, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el partido del gobierno, proyectó un programa de seis años para un “sistema económico cooperativo tendente hacia el socialismo”, incluyendo una ley laboral, obras públicas, repartición de la tierra y el embargo de los terrenos petroleros de posesión extranjera.
El programa del PNR fue puesto en marcha en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas como presidente. Cárdenas hizo hincapié en las reformas agrarias, el bienestar social y la educación. En 1936 fue aprobada una ley de expropiación que permitía al gobierno expropiar la propiedad privada siempre que fuera necesario para el bienestar público y social. La empresa de ferrocarriles de México se nacionalizó en 1937, así como los derechos sobre el subsuelo de las compañías petroleras. Ese mismo año los trabajadores del petróleo mexicanos fueron a la huelga en demanda de salarios más altos y el acceso a los cargos de responsabilidad en las empresas.
En 1938, después de una decisión de la Suprema Corte que había prestado atención a sus reclamaciones, el gobierno mexicano expropió todas las propiedades petroleras y creó una agencia gubernamental llamada Petróleos Mexicanos (PEMEX) para administrar la industria nacionalizada. Las expropiaciones afectaron seriamente a la industria petrolera, y fue muy difícil para México vender petróleo en territorio estadounidense, alemán y británico. Posteriormente, México fue obligado a ajustarse a tratos de intercambio comercial con Italia, Alemania y Japón. El comercio de petróleo con estas naciones, sin embargo, duró muy poco a causa de la II Guerra Mundial (1939-1945). Cárdenas apoyó la II República española y, tras la Guerra Civil española, que trajo consigo la instauración del régimen franquista, México acogió como exiliados a aproximadamente 40.000 españoles, favoreciendo así el establecimiento del gobierno republicano español en el exilio.
En 1940, Manuel Ávila Camacho, apoyado por los trabajadores mexicanos, fue elegido presidente. Su política fue más conservadora que la de Cárdenas. La llamada “política de buen vecino” de Estados Unidos influyó positivamente en México. Esta política, que promovía la estrecha cooperación con Estados Unidos en materia comercial y militar, llegó a ser muy significativa en 1941 con la inminente participación de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. México, con varias restricciones, acordó permitir a la Fuerza Aérea estadounidense el uso de sus campos de aviación y también aceptó exportar materiales críticos y estratégicos (principalmente minerales escasos) sólo a países del hemisferio occidental.
La II Guerra Mundial México rompió sus relaciones diplomáticas con Japón el 8 de diciembre de 1941 y, tres días más tarde, con Italia y Alemania. El 22 de mayo de 1942, después del hundimiento de dos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el Congreso mexicano declaró la guerra contra Alemania, Italia y Japón. Quince mil soldados mexicanos combatieron en la II Guerra Mundial, con la muy destacada participación de los 233 pilotos aéreos del Escuadrón 201. En junio de ese año México firmó la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a finales de 1942 se negoció un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos que establecía concesiones arancelarias mutuas. La cooperación militar total entre las dos naciones tuvo efecto en 1943, cuando se acordó que cada país podía alistar en su ejército a los nacionales del otro país que vivieran dentro de sus fronteras. Otros proyectos en tiempo de guerra incluían la creación de una comisión conjunta para la cooperación económica, instituida para encontrar métodos que aliviaran la escasez de alimentos y de materiales estratégicos, y una comisión industrial mexicano-estadounidense orientada a programar la industrialización de México. A cambio, Estados Unidos solicitó mano de obra para cubrir los puestos de los soldados que habían ido a combatir y abrió sus fronteras a 300.000 trabajadores mexicanos. En 1944 México pagó a las compañías petroleras estadounidenses 24 millones de pesos, más unos intereses del 3% por las propiedades petroleras expropiadas en 1938.
México de posguerra. En junio de 1945 México se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Un año después, en 1946, Miguel Alemán Valdés sucedió a Ávila Camacho como presidente, habiendo sido elegido en una plataforma con un programa político cuyos objetivos eran la distribución equitativa de la riqueza, la realización de obras de irrigación extensivas y una mayor industrialización del país. Alemán mantuvo estrechas relaciones con Estados Unidos. En 1947 el Banco de Exportaciones e Importaciones prestó 50 millones de pesos para ser invertidos en obras públicas y de desarrollo industrial. A finales de ese año el gobierno mexicano anunció que las compañías petroleras británicas y alemanas, demandantes de 250 millones de pesos por las propiedades expropiadas, habían aceptado el pago de 21 millones. En 1948 el gobierno, esforzándose por revertir el balance desfavorable del comercio, devaluó el peso. Las importaciones no esenciales para el desarrollo industrial fueron restringidas de manera notable. En marzo de 1949, por primera vez desde las expropiaciones de 1938, se permitió a dos compañías petroleras estadounidenses realizar perforaciones bajo la supervisión de PEMEX. En el mes de junio el gobierno estabilizó el peso con la ayuda de préstamos por parte del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. El 3 de julio de 1949 se celebraron elecciones y el partido del gobierno, conocido ya entonces como Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
En 1950 la situación económica mexicana mejoró considerablemente, a raíz del préstamo de 150 millones de pesos que otorgó el Banco de Exportaciones e Importaciones para la financiación de varios proyectos con el fin de mejorar el transporte, la agricultura y las instalaciones generadoras de energía en el país. Al año siguiente, el problema de los mexicanos que entraban de forma ilegal a Estados Unidos para tratar de obtener un trabajo temporal en el campo, se convirtió en un asunto de gravedad para los dos gobiernos. Los acuerdos oficiales entre México y Estados Unidos dieron como resultado la entrada legal anualmente de un número determinado de trabajadores. Sin embargo, aproximadamente un millón de personas cruzaban de forma ilegal la frontera cada año. El problema se hizo aún más complicado al demandar el gobierno mexicano el respeto a los derechos laborales de los trabajadores emigrados, y el cese de la hostilidad de las organizaciones agrícolas de ese país, que no aceptaban que los mexicanos estuvieran dispuestos a trabajar a cualquier precio. En marzo de 1952 el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley estableciendo el castigo por medio de multas y encarcelamiento a aquellos que contrataran extranjeros que hubieran entrado al país de forma ilegal.
El anterior secretario de Gobernación (ministro del Interior), Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI, fue elegido presidente de México en 1952. Al año siguiente la legislatura ratificó una reforma constitucional extendiendo el derecho al voto a la mujer. En 1958 Ruiz Cortines fue sucedido por Adolfo López Mateos, quien antes había ocupado la secretaría del Trabajo. Revirtiendo una tradición de silencio presidencial en las relaciones con la Iglesia católica, López Mateos declaró que los logros de las metas revolucionarias no deberían encontrar obstáculo alguno en la religión. En 1962 se aprobó una reforma constitucional autorizando al gobierno a promover negocios en los que se compartieran los beneficios con los trabajadores. El descontento campesino se mostró por medio de huelgas de hambre e invasiones ilegales a las grandes propiedades privadas. A principios de 1963 se formó la Central Campesina Independiente para competir con la Confederación Nacional Campesina bajo el dominio del PRI. En el Congreso constitutivo los oradores manifestaron que el país tenía todavía 3 millones de campesinos sin tierra y que 9.600 individuos poseían 80 millones de ha de tierra, de las cuales sólo 20,2 millones eran cultivadas.
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